Sobrevivir a un feminicidio: la lucha para acceder a la justicia
Valeria comenzó su relación con Marco en la universidad. Luego de irse a vivir a la casa de la mamá de él, pronto, según relató ella a este diario, se destejió la violencia. Primero los celos enfermizos, luego los empujones y arañazos, después los golpes.
Según el violentómetro, una herramienta creada por Martha Alicia Tronco Rosas, directora de la unidad politécnica de gestión con perspectiva de género del Instituto Politécnico Nacional de la CDMX, desde que Marco la empujó, la vida de Valeria ya estaba en riesgo.
“En una ocasión me pegó con un cable de luz”. Las agresiones, insultos, amenazas y el mantenerla cada vez más aislada se volvieron una constante. “Había amenazas como ‘te voy a hacer algo, o le voy a hacer algo a tu familia’. Fueron muchas las ocasiones en las que él me ahorcó hasta que perdí ligeramente el conocimiento”.
Valeria denunció la violencia que sufría el 11 de noviembre del 2015 cuando Marco llegó hasta donde se encontraba haciendo su tarea y de la nada le propinó un rodillazo a la altura del abdomen. El golpe fue tan duro que, dice, le fracturó la décima costilla.
Ese día Valeria dejó el primer precedente de violencia en su contra. Primero acudió al DIF, y de ahí la canalizaron al Centro de Justicia para Mujeres de Torreón donde expuso su caso.
En ese momento, reconoce, no estaba lista para continuar con el proceso de denuncia, y decidió regresar con él a casa, sólo, también reconoce, para someterse a más violencia, pues en su retorno sufrió abuso sexual y fue manipulada para practicarse un aborto.
No fue hasta que conoció el apoyo de las redes feministas que Valeria decidió, primero, salir de la relación, y después, en el 2021, interponer una denuncia por tentativa de feminicidio.
En ese momento, dice, fue consciente de que era una sobreviviente y decidió luchar por la reparación del daño que había sufrido.
“En el 2021 me animé a poner la denuncia por tentativa de feminicidio. Desgraciadamente los delitos hacia las mujeres tienen una vigencia, si tú ya no llegas con moretones o desangrándote, es cierto, no te hacen caso”.
Narra que en el Centro de Justicia para Mujeres de Torreón, por ejemplo, le dijeron que resultaba complejo que denunciara por tentativa de feminicidio, debido a que el acto no había ocurrido en el momento.
“Son dificultades en los procesos de denuncia, que en el caso de una tentativa de feminicidio muchas veces pueden mermar el proceso, porque las autoridades quieren ver que esa tentativa sea (por ejemplo) que te hayan bañado en ácido o que estés internada en terapia intensiva, y no siempre es así”.
Cuando a una mujer le dicen que la van a matar o sufre ahorcamientos hasta el grado de perder el conocimiento, para Valeria eso ya es un intento de feminicidio.
Sin embargo, en el centro de justicia le dijeron que era mejor que denunciara a Marco por amenazarla de difundir contenido íntimo (acto que realizó para que ella no siguiera con la denuncia), un delito que para Valeria era mínimo comparado con otras acciones que había realizado en su contra, como ahorcarla o romperle la costilla.
“Les cuento (en el centro de justicia) toda la violencia que viví: la violación, el ahorcamiento, la tentativa de feminicidio cuando me rompió un hueso, que me manipuló para abortar, es decir, toda la violencia que hubo sobre mi cuerpo y mi psique y finalmente me dicen, ‘no, esto tiene que avanzar como amenaza de difusión de contenido íntimo’. Imagínate”.
Hasta la fecha no hay avances en su caso, y aún no se realiza ni siquiera una primera audiencia. Lo cierto es que hace diez años Valeria salió viva de una relación violenta, y hoy sigue en lucha para que su daño sea reparado, porque, expresa, mientras ella aún sufre los estragos, su agresor está libre sin ninguna sentencia.
“¿SI ENTIENDES QUE ERES UNA SOBREVIVIENTE?"
Ana es otra mujer que compartió a este diario la historia que vivió plagada de violencia. Fueron 20 años que estuvo casada con un hombre que la maltrató física, psicológica y económicamente. Hoy se percibe como una sobreviviente y lucha por obtener justicia para ella y sus dos hijas.
Relata que desde el inicio de su relación, su ex pareja mostró señales de control: le prohibía trabajar, visitar a su familia o salir con amigas. Con el tiempo, el abuso escaló a agresiones físicas y sexuales. "Me llegó a pegar con unas botas de casquillo en el vientre estando embarazada", recuerda.
Además, ejerció un control total sobre su salud, asegurándose de que estuviera medicada hasta el punto de perder el sentido y no poder reaccionar. "Él pedía que no me quitaran los medicamentos porque era su manera de tenerme sometida". Tras enfermar de COVID-19 y estar al borde de la muerte, finalmente reunió el valor para dejarlo. "Fue hasta ese momento que reaccioné y decidí salir de ahí". Logró divorciarse, pero su ex pareja continuó ejerciendo violencia económica y psicológica al incumplir con la pensión alimenticia de sus hijas.
A pesar de que un acuerdo legal protegía sus derechos, sólo fue respetado por seis meses. Desde entonces, manifiesta Ana, el padre ha evadido sus responsabilidades.
En ese sentido, expresa que actualmente el mayor obstáculo que enfrenta es la corrupción dentro del sistema judicial de Coahuila. "Mi expediente está detenido, perdido, manipulado. No avanza nada". Tras meses de incertidumbre, descubrió que la actual pareja de su ex marido trabaja como secretaria en el juzgado que lleva su caso, lo que para Ana explica el por qué el expediente número 575-2023 sigue sin resolverse.
"Tengo más de un año luchando y no pasa nada. Dicen que en Coahuila las mujeres estamos protegidas, pero la realidad es que no es cierto. Ni las mujeres ni los hijos estamos protegidos".
Mientras su ex pareja mantiene una vida económica estable, ella se enfrenta sola a la manutención de sus hijas y al costo emocional de haber sido víctima de años de violencia extrema. La mayor de sus hijas requiere atención psiquiátrica, y la menor, con diversos problemas de salud, necesita tratamiento psicológico. La falta de recursos ha dificultado su acceso a terapias. Ella, asesorada por sus abogadas, aunque bien pudo acusar a su ex pareja de intento de feminicidio, debido a la complejidad para comprobar ese delito (como lo explicaremos más adelante), actualmente trabaja en un expediente por violación sexual, agresión que sufrió incontables veces durante los 20 años que estuvo casada.
A pesar de todo, Ana sigue en pie de lucha. "Mi psicóloga un día me dijo: '¿Si entiendes que eres una sobreviviente? Muchas mujeres que pasaron lo mismo que tú no sobrevivieron'. Y me asusté. Todavía hoy me cuesta entenderlo. Pero sí, hoy me percibo como una sobreviviente".
Las mujeres que sobreviven a un feminicidio como Valeria y Ana, suelen toparse, primero, con el estigma, después con una serie de vacíos legales, con corrupción y también con la falta de perspectiva de género de jueces y fiscales que les nublan el acceso a una justicia integral.
En Coahuila donde el año pasado 19 mujeres fueron asesinadas por razones de género y se presentaron más de 12 mil casos de violencia familiar ¿Qué ocurre con aquellas que sobreviven al intento de un feminicidio? ¿Tienen acceso a la reparación del daño? ¿Son reconocidas como víctimas?
Este diario intentó dar respuestas a esas cuestiones a través de entrevistas con abogadas, activistas, representantes de instituciones públicas en pro de la mujer, así como también por medio de solicitudes por transparencia y consultas en bases de datos.
QUÉ ES LA TENTATIVA DE FEMINICIDIO Y CÓMO SE JUZGA
Para distinguir entre una lesión, violencia familiar o una tentativa de feminicidio, es esencial analizar las circunstancias de tiempo, modo y lugar, además de identificar si el acto fue cometido con dolo (intención) o culpa (negligencia), así lo explicó para este reportaje Sofía Díaz, cofundadora de Abogadas Laguneras.
Mencionó que la tentativa de feminicidio, al ser un delito intencional, no admite que el acto sea resultado de un delito descubierto. Por ejemplo, si una mujer cae de un automóvil en movimiento debido a una puerta mal cerrada, no se considera feminicidio en grado de tentativa. Sin embargo, si el agresor la arroja deliberadamente para matarla, sí lo es, siempre y cuando haya evidencia que respalde esta intención, específica Díaz.
Un elemento clave en la tentativa, es entonces, la existencia de un factor externo que interrumpe el acto. Puede tratarse de un arma que falla, la intervención de un testigo o incluso una circunstancia fortuita. Sin embargo, explica la abogada, si este factor externo no se acredita, la tentativa pierde validez jurídica y el delito suele reclasificarse como lesiones, violencia familiar o abuso.
Aunque en el Código Penal de Coahuila no existe la literalidad del delito de feminicidio en grado de tentativa, sí se juzga al tomarse en cuenta el artículo 188 que tipifica el feminicidio, y el artículo 50 que se refiere a la tentativa punible, es decir, cuando alguien intenta cometer un delito, pero no lo logra por causas ajenas a su voluntad. Esto hace que acreditar la tentativa de feminicidio sea compleja, porque exige demostrar sí o sí ese factor externo que no dejó que se consumara el delito.
Según Sofía Díaz, sin pruebas concretas como testigos o evidencia documental, los casos suelen reclasificarse como delitos menores.
Por ejemplo, un dato que ofreció el Poder Judicial del Estado de Coahuila a través de transparencia, fue que del 2021 al 2023, los Juzgados Especializados en Violencia contra la Mujer emitieron 147 sentencias, de las cuales 27 fueron por abuso sexual, dos por acoso sexual, 12 por feminicidio, 22 por violación, una por violaciones a la intimidad, una por lesiones, una por tentativa de homicidio, 80 por violencia familiar y sólo una por tentativa de feminicidio. Es decir, este último delito no representa ni siquiera el uno por ciento de las sentencias que se ejecutan en estos tribunales.
Para ejemplificar lo anterior, Díaz compartió que ella misma abogó en el caso de una mujer que estuvo a punto de ser arrollada por su ex pareja quien primero la empujó del auto, y después buscó atropellarla, algo que hubiera logrado si no es porque una persona que pasaba la jaló y la puso a salvo. Dado a que no pudieron identificar a la persona que se convirtió en el factor externo, refirió la abogada, tampoco lograron que se acreditara el delito de tentativa de feminicidio, esto a pesar de que la intención de matarla estuvo explícita.
Ahí es donde el factor externo se vuelve un problema, además de que son las mismas sobrevivientes las que tienen que reunir las pruebas. “Muchas veces en estado de trauma, deben buscar testigos, videos de cámaras de seguridad o cualquier evidencia que respalde su caso”, refiere la abogada.
Esta situación refleja la falta de acción de las instituciones encargadas de la investigación. Según Díaz, el Ministerio Público frecuentemente deja de realizar su trabajo, lo que imposibilita que los jueces emitan sentencias justas.
Lo anterior es grave porque cuando los casos son clasificados como lesiones o violencia familiar, los agresores quedan en libertad, debido a que estos delitos no ameritan prisión preventiva (algo que la tentativa de feminicidio sí), dejando a las mujeres expuestas a nuevos ataques.
En la experiencia de la abogada esto también ocurre por la falta de capacitación de los funcionarios públicos y por la aplicación limitada del Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, el cual, aunque se trata de una herramienta vigente en Coahuila, pocos jueces ejecutan.
Otra cosa que nubla la justicia integral para las sobrevivientes de feminicidio de Coahuila es que no obtienen reparaciones del daño dignas. En la voz de Sofía Díaz, las indemnizaciones (cuando se logra sean estipuladas por un juez) suelen centrarse en aspectos superficiales, como en sólo cubrir gastos médicos o terapias psicológicas, sin considerar el impacto integral en la vida de las víctimas, es decir, no se toman en cuenta factores como la pérdida de empleo, la necesidad de cambiar de residencia o el daño emocional a largo plazo.
En una información que este diario localizó por transparencia, se pudo conocer que del 2018 al 2024, a través del Poder Judicial de Coahuila, sólo 27 mujeres habían accedido a una reparación del daño, esto en un estado que registró tres mil 581 incidentes de violencia contra la mujer y 47 presuntos feminicidios durante el 2024, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Además, las cantidades que fijaron los jueces para estas 27 mujeres, como ya lo había mencionado Sofía Díaz, resultaron superficiales porque, en su mayoría oscilaron entre los cinco y 10 mil pesos. La cantidad más alta que se otorgó fue de 50 mil pesos, un número que aún se puede considerar bajo si se piensa que lo que se busca reparar es la vida de una mujer.
CÓMO LAS RESPALDA EL ESTADO
Desde el 2015 Coahuila cuenta con la Secretaría de las Mujeres, institución que tiene el objetivo, entre otros, de erradicar la violencia de género. Para ello, cada año recibe recursos públicos. Este 2025, según el presupuesto de egresos, accedió a 35 millones 569 mil 721.59 pesos.
Mayra Lucila Valdés González, titular de la dependencia charló con este diario sobre el apoyo que brindan a las mujeres que sobreviven a la violencia extrema o a un intento de feminicidio.
“Lo primero que podemos hacer es tener un acercamiento con ellas para ofrecerles apoyo integral: legal, psicológico y social. Contamos con módulos de atención en los seis Centros de Justicia y Empoderamiento, donde trabajadoras sociales, psicólogas y abogadas brindan acompañamiento directo y personalizado”.
Cabe mencionar que los Centros de Justicia y Empoderamiento también reciben recursos públicos. Para este año se les destinó la cantidad de 39 millones 948 mil 245.45 pesos. En ese sentido, a través de ellos una de las prioridades del estado, aseguró Valdés, es garantizar la protección de víctimas de violencia de género.
Según la funcionaria el 95 por ciento de las mujeres que denuncian situaciones de violencia en los seis Centros de Justicia del estado cuentan con medidas de restricción para protegerlas de sus agresores. Estas medidas, dijo, incluyen el uso de brazaletes de localización, códigos de emergencia y, en casos de mayor riesgo, custodia policial a través de la Policía Violeta.
Sin embargo a través del Banco Estatal de Datos Sobre Violencia Contra Las Mujeres y Niñas se sabe que de las 9 mil 870 ordenes de restricción que emitió la FGR durante el 2024 sólo seis mujeres recibieron protección policial y sólo una fue trasladada a un refugio.
“Cada caso es único, y las medidas de protección se ajustan según las necesidades de las mujeres. Algunas requieren acompañamiento policial físico, otras un sistema de alerta rápida, y todas reciben respaldo jurídico para garantizar su seguridad y la de sus familias”, afirmó Valdez.
En ese sentido, también mencionó que el estado dispone de cinco albergues temporales donde las mujeres y sus hijos pueden refugiarse hasta por seis meses. Durante el 2023 fueron 209 mujeres las que hicieron uso de esos espacios, y en el 2024 existe el registro de que 257 recibieron atención.
Por otro lado, la funcionaria indicó que en el ámbito legislativo, Coahuila también ha trabajado para que se tipifiquen delitos relacionados con la violencia de género, por ejemplo, enfatizó que el estado es pionero en la legislación de delitos como la violencia vicaria, el acoso y hostigamiento sexual, el acecho y los delitos cibernéticos.
En el caso del delito tentativa de feminicidio, aunque no está reconocido literalmente en el Código Penal de Coahuila, Valdés aseguró que en conjunto con la Fiscalía han garantizado que los responsables sean llevados ante la justicia.
Al respecto, el Poder Judicial del Estado de Coahuila reportó por transparencia que de enero del 2020 al 15 de octubre del 2023, se ejecutaron 32 sentencias condenatorias y seis absolutorias por el delito de feminicidio en grado de tentativa.
“Lo que buscamos nosotros como Secretaría de las Mujeres es que no existan feminicidios en Coahuila”, finalizó la funcionaria.
Sin embargo, hay que recordar que desde el año pasado la asamblea feminista Mujeres que Luchan por Mujeres presentó una solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para los municipios de Torreón, Acuña, General Cepeda, Ramos Arizpe y Saltillo, esto debido a los altos índices de violencia contra las mujeres que se presentan estos municipios. La implementación de este mecanismo de emergencia, se conoce, aún está en proceso.
PREVENIR FEMINICIDIOS DESDE LA ACCIÓN SOCIAL
En Torreón, aparte de contar con un Centro de Justicia y Empoderamiento para la mujer, también existe Musas (Mujeres Solidarias en Acción Social), un asociación que desde el 2004 realiza un esfuerzo para ofrecer un apoyo integral gratuito a las mujeres que sobreviven a situaciones de violencia extrema y que, por alguna razón, no encuentran un respaldo desde el ámbito público.
María Evangelina Velázquez Reyes, directora general de Musas, Lisuly López, coordinadora del centro externo y Ana Laura Arratia Esparza, del área jurídica, dialogaron con este diario sobre cómo desde la acción social también se trabaja en la prevención de feminicidios.
Desde hace poco más de 20 años la asociación ha desarrollado un enfoque integral para combatir la violencia de género. Su labor, según su directora, se organiza en siete vertientes principales: difusión y comunicación, atención psicológica, jurídica y social, apoyo infantil, resguardo para mujeres en situación de violencia extrema, capacitación laboral y seguimiento personalizado.
Aparte de contar con un centro externo, la asociación cuenta con un refugio para resguardar a mujeres en situación de violencia extrema, así como a sus hijos e hijas, quienes también son víctimas de la violencia de género. En este espacio, las mujeres reciben atención psicológica, jurídica, social, médica y nutricional, además de capacitaciones en carpintería, repostería, belleza, cocina y costura.
El proceso de estadía dura aproximadamente tres meses, pero puede extenderse según las necesidades de cada caso. Una vez que las mujeres egresan, Musas realiza un seguimiento continuo para garantizar que ellas y sus hijos puedan construir un plan de vida libre de violencia.
El refugio, informó la directora general, tiene la capacidad para recibir a 13 mujeres y a sus familias. Actualmente se encuentra al 80 por ciento.
En ese sentido el año pasado 50 mujeres y 75 niños fueron atendidos en ese lugar, mientras que en el centro externo se atendieron alrededor de 400 casos, informó Lisuly López.
Antes, la titular de la Secretaría de las Mujeres mencionó para este reportaje que Coahuila era uno de los estados más avanzados en materia de reformas legales para combatir la violencia de género, punto con el que Ana Laura Arratia está de acuerdo, sin embargo, enfatizó, aún existen retos. Explicó, por ejemplo, que los procedimientos penales suelen ser largos y desgastantes, lo que puede desalentar a las víctimas y ponerlas en riesgo.
“Hemos tenido casos donde la audiencia de vinculación a proceso se realiza durante el tiempo que las mujeres están en el refugio, pero en otros casos las temporalidades se alargan demasiado”, comentó.
Otro de los principales problemas, dijo, es que muchas denuncias se clasifican como violencia familiar en lugar de tentativa de feminicidio, lo cual complica obtener sentencias adecuadas.
Por ejemplo, según el banco de datos citado líneas arriba, en el 2024 la FGR abrió nueve mil carpetas de investigación por violencia familiar, en cambio por feminicidio en grado de tentativa no abrió ninguna.
Además, Arratia mencionó que las órdenes de protección suelen ser insuficientes. Para las integrantes de esta asociación lagunera es evidente que urgen herramientas más eficaces para garantizar la seguridad de las mujeres.
López subraya, por ejemplo, la importancia de capacitar a jueces y ministerios públicos con perspectiva de género para aprovechar al máximo ese avance legislativo del que habla la secretaria de las Mujeres.
“No se trata sólo de atender el último evento violento, sino de reparar toda una vida de violencia”, enfatizó Arratia.
Para las integrantes de Musas existe una desconexión entre las estadísticas oficiales y la realidad, porque aunque se diga que la violencia disminuye, concluyen, muchas veces se clasifican los casos como delitos menores.
Hasta aquí podemos escribir que Valeria y Ana, representan a todas esas mujeres coahuilenses que sobreviven a la violencia extrema o a un intento de feminicidio, quienes aparte de cargar con las heridas físicas e internas, según todo lo declarado en este reportaje, todavía tienen que luchar con la negligencia institucional y enfrentar a un sistema jurídico que lejos de protegerlas las desampara.
