El reciente rechazo de la Cámara de Diputados a la solicitud de desafuero de Cuauhtémoc Blanco, acusado de tentativa de violación por su media hermana, ha dejado en claro, una vez más, que en México la justicia para las mujeres sigue siendo un ideal inalcanzable cuando el acusado ostenta poder.
La mayoría legislativa decidió cerrar filas para proteger a un político señalado por violencia sexual, negándole a la víctima la posibilidad de acceder a un debido proceso. Con ello, no solo obstaculizaron el avance de la investigación, sino que reafirmaron el pacto de impunidad que históricamente ha protegido a los agresores en los espacios de poder.
La decisión del Congreso ha generado indignación en diversos sectores. Mientras que activistas y organizaciones feministas han condenado la protección a Blanco, la presidenta Claudia Sheinbaum ha minimizado el caso, alegando que la denuncia proviene de un "fiscal corrupto", desviando así la atención del verdadero problema: la impunidad con la que los agresores siguen operando en el país.
A esto se suma la falta de respaldo de muchas legisladoras que, lejos de alzar la voz en defensa de las mujeres, optaron por respaldar a su compañero de partido. El intento de formar un bloque feminista dentro del Congreso para exigir el desafuero no fue suficiente, demostrando que el compromiso con la lucha contra la violencia de género es aún débil cuando hay intereses políticos de por medio.
Los datos son contundentes. Según el INEGI, el 49.7% de las mujeres en México han sido víctimas de algún tipo de violencia sexual, y de los pocos casos que llegan a ser denunciados, solo el 5% recibe una sentencia condenatoria. La protección que el Congreso otorgó a Blanco no es solo un caso aislado, sino un mensaje claro para todas las mujeres del país: su seguridad y acceso a la justicia son menos importantes que los acuerdos políticos.
Ante esto, la sociedad civil y los colectivos feministas hemos respondido con llamados a la movilización y exigencias puntuales a las autoridades responsables. Se han convocado marchas en distintas ciudades del país y se han dirigido peticiones a la Secretaría de Gobernación, la Fiscalía General del Estado de Morelos y la Secretaría de las Mujeres, exigiendo garantías para la víctima y una nueva solicitud de desafuero.
Este caso nos deja una lección clara: el pacto patriarcal sigue intacto y no distingue colores partidistas. La impunidad es una constante, y la lucha por los derechos de las mujeres sigue enfrentando obstáculos que van desde la indiferencia hasta la complicidad de quienes deberían legislar para garantizar una vida libre de violencia.
Romper este pacto no es tarea sencilla, pero es urgente. Exigimos que las autoridades dejen de usar el fuero como un escudo de impunidad y que las instituciones cumplan con su deber de proteger a las víctimas, no a los agresores. La lucha continúa, y el mensaje es claro: no callaremos ante la violencia, venga de donde venga.
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