Conferencias de prensa del presidente de la República. La orden verbal de crear la sección denominada 'Quién es quién en las mentiras de la semana' viola el derecho a la legalidad y las libertades a la información, de prensa y expresión". Así, con la precisión de una sentencia que no admite réplica, se establece en la tesis aislada de un Tribunal Colegiado, publicada esta semana en el Semanario Judicial de la Federación. Lo que comenzó como un espectáculo matutino desde Palacio, terminó por cruzar la delgada línea entre ejercer y abusar del poder.
No es un asunto menor. La justicia -esa dama a la que tantos intentan silenciar- le dio la razón a un periodista que durante años fue blanco de los reflectores oficiales, no para iluminarlo, sino para marcarlo. Raymundo Riva Palacio fue uno entre muchos y muchas profesionistas de la comunicación que a voz y mano del expresidente fue señalado con nombre y apellido. Exhibido, como se exhibe a los herejes antes de la hoguera, en la sección de "Quién es quién en las mentiras de la semana". Una vitrina pública del escarnio con vocación inquisitorial.
El fallo judicial no necesita metáforas. Es claro y rotundo. Denuncia la existencia de un "sistema de propaganda gubernamental posfactual" que deforma la verdad desde el poder, reprime a la prensa crítica e impide que la ciudadanía acceda a información objetiva.
Según el Tribunal, la mañanera no fue un acto de transparencia, sino una coreografía de intimidación. Por eso, el 12 de diciembre de 2024, el magistrado Fernando Silva García y sus colegas no titubearon: lo que ocurrió con Riva Palacio fue una violación directa a las libertades fundamentales. El mensaje fue tan nítido como incómodo: el Estado no puede travestirse de juez cuando lo que quiere es silenciar al crítico.
El Tribunal fue contundente: se usaron recursos públicos no para informar, sino para orquestar campañas de desinformación, difundir datos personales y mancillar honras ajenas. Todo bajo el barniz de la transparencia. Una mascarada cínica que subestima la inteligencia ciudadana.
Hay preguntas que se vuelven inevitables: ¿Qué consecuencias tendrá esta decisión? ¿Qué destino espera a quienes -como García Vilchis- prestaron su voz a la estigmatización oficial?
¿Qué hará Claudia Sheinbaum, heredera del micrófono, ante esta confirmación de que desde ese atril se cometieron violaciones a derechos humanos? Si su gobierno desea diferenciarse de su antecesor, puede empezar por lo elemental: reconocer el agravio. Porque el periodismo crítico no es un enemigo del Estado, sino una defensa contra su degeneración. Porque las democracias no se miden por los aplausos que recibe un presidente, sino por las preguntas que puede soportar.
El amparo concedido a Riva Palacio es más que una victoria personal. Es una llamada de alerta. Un recordatorio de que incluso la palabra presidencial debe tener límites. Y también, una esperanza: la de que el periodismo que resiste, que duda, que incomoda, siga existiendo en un país que muchas veces lo quiere silenciar.
