Hace unos días, el gobierno de Estados Unidos y su Senado impulsaron la designación de diversos cárteles mexicanos como grupos terroristas, lo que plantea riesgos para la soberanía y abre la puerta a posibles injerencias externas. Ante este escenario, la presidenta Claudia Sheinbaum ha propuesto reformas a los artículos 19 y 40 de nuestra Constitución Política, con el fin de fortalecer la prohibición de cualquier intervención extranjera en asuntos internos y de establecer sanciones más severas para quienes introduzcan armas ilícitas o participen en actos que vulneren la independencia e integridad del país. Dichas reformas no solo colocan este trasiego de armamento en el rango de delitos que atentan contra la soberanía, sino que consideran la colaboración internacional legítima y apegada a la ley como parte de un esfuerzo integral para disuadir y perseguir a quienes afectan la estabilidad nacional.
Por su parte, las gobernadoras y gobernadores agrupados en la Conago han expresado su respaldo a esta iniciativa. En un pronunciamiento reciente, han señalado que consideran necesario un marco institucional que articule la inteligencia de distintas dependencias de seguridad y procure mayor eficacia en la persecución de los delitos. La coordinación que se pretende lograr se refuerza con el Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, donde la labor del secretario Omar García Harfuch puede incidir de forma decisiva para integrar esfuerzos federales, estatales y municipales. Esto implica centralizar la información disponible y, modernizar las estructuras de prevención y atención de la delincuencia organizada, sumando tanto a las fiscalías como a otras instancias responsables de perseguir las conductas que se presentan como una seria amenaza a la soberanía. Por su parte, corresponderá a las fiscalías locales robustecer sus mecanismos de persecución del delito, como el tráfico ilegal de armamento.
Los esfuerzos del secretario de Seguridad Pública por detener grupos generadores de violencia deben ir acompañados de acusaciones sólidas sobre las armas utilizadas en enfrentamientos porque es probable que se encuentren relacionados con otros delitos y se encuentren en carpetas de investigación iniciadas por fiscalías locales. Es importante fortalecer la información en bases de datos compartidas, en sistemas de control y seguimiento de carpetas, así como en los trabajos de inteligencia
Con la designación de los cárteles como grupos terroristas, México se ve expuesto a escenarios complejos que exigen construir una respuesta integral como la combinación de reformas legales, la coordinación institucional, los esfuerzos diplomáticos y la generación de políticas públicas de alcance social que nos permita enfrentar el reto que supone esta reclasificación de los grupos criminales. Consideremos esta situación emergente como la oportunidad para promover un nuevo pacto social y gubernamental que concilie la lucha contra la violencia con la protección de la soberanía y la defensa de los derechos de las y los ciudadanos, sin caer en discursos alarmistas ni concesiones que desdibujen la independencia nacional.
Acompañemos a nuestra Presidenta en su férrea defensa de la soberanía nacional con todas las acciones necesarias en nuestros estados y localidades. No es suficiente saber qué está haciendo nuestro gobierno por nosotros, sino qué estamos haciendo los ciudadanos por defender nuestra patria.
