En su libro País de mentiras, Sara Sefchovich sostiene que México es una nación con una larga tradición de autoanálisis. Si, el decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador de elevar al rango de asuntos de Seguridad Nacional las obras y proyectos fundamentales para el país, o, mejor dicho, para la Cuarta Transformación que encabeza, es autoritario, arbitrario, totalitario y hasta inconstitucional. Pero incluso quienes están de acuerdo con esta acepción, al menos en La Laguna, han tenido un respiro porque esto puede significar el avance del proyecto Agua Saludable para La Laguna.
Mucho se ha analizado el aspecto ecológico, el impacto económico, el semblante social, así como las relaciones de poder en torno al destino agrícola, ganadero e industrial del agua que bajaría de la presa Francisco Zarco para abastecer la Zona Metropolitana de La Laguna. Pero poco se han escuchado las voces de cientos de miles de laguneros que día a día y desde hace décadas sufren el desabasto de agua o han tenido que aprender a vivir pegados al grifo, rezándole para que salga agua en lugar de aire, o tierra por no dejar.
Los buenos opositores al gobierno federal, tienen razón al preocuparse por aspectos como la falta de transparencia en la asignación de las grandes obras de la 4T. Poco se sabe del costo del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Tren Maya, o la Refinería de Dos Bocas, quién las realizará, cuándo se entregarán (salvo el vaticinio de que estarán inaugurando previo a las elecciones presidenciales), o quién será el encargado de rendir cuentas al respecto. Pero batear los amparos con una facultad presidencial legislativa, es innegable que es un jonrón que le permitirá al presidente tocar todas las bases sin prisas.
Con todos los bemoles que existen respecto al proyecto presidencial que busca solucionar, al menos temporalmente, el problema del agua en la región, es innegable que tanto los gobiernos municipales de la zona metropolitana, así como los gobiernos estatales de Coahuila y Durango, se quitarán un peso de encima. La inversión que podrán hacer las paramunicipales para renovar la obsoleta red hidráulica que desperdicia en fugas el 50 por ciento del agua que se extrae de los pozos, sería impensable para cualquier administración municipal sin la ayuda del Gobierno Federal, por lo menos en el corto plazo.
No por nada es uno de los pocos temas en los que dos administraciones estatales, una del PAN y otra del PRI, están de acuerdo; los tres municipios más grandes de la región: Torreón, con una administración panista; Gómez Palacio, gobernado por Morena; y Lerdo, de los pocos bastiones del PRI en Durango, también se han pronunciado a favor, este último con la tibieza del alcalde Homero Martínez, que por una parte dice que sí, pero por otra, financia a los ejidatarios del módulo San Jacinto para que sigan oponiéndose al proyecto.
Sin embargo, todo parece aclararse y más allá de la avalancha de críticas que recibirá López Obrador en el resto del país por su decisión, en La Laguna el tema se cocerá aparte, como muchos de los temas que involucran a los tres niveles de gobierno y que estamos acostumbrados a solucionar, lejos del "discreto encanto de la burocracia", y cerca de la soledad del desierto.
UN DATO
Se espera que en próximos días se anuncie el arranque formal de las obras de la derivadora (con todo y un acto inaugural en el que además de German Martínez, director de Conagua; se contará con la visita de varios jerarcas de la 4T), y con ello el aplauso de algunos contratistas que, tras una larga sequía en materia de obras, tendrán sin duda un próspero año nuevo. Ya sin amparos que detengan las obras, de la transparencia y la rendición de cuentas, habrá que hablar luego.
