“Aquel que no castiga el
mal ordena que se haga”.
Leonardo da Vinci
Obviamente molesto me escribe por segunda ocasión Édgar Rebollar, cónsul de protección en el Consulado mexicano de Omaha. Nebraska, en los Estados Unidos. Su molestia procede de mis artículos del 9 de abril, “Las víctimas”, y del 21 de julio, “Derechos de Joe”.
“Una vez más –escribe— le manifiesto mi más profundo desacuerdo con los mismos. En mi opinión, es muy fácil manipular a los lectores de su columna apelando a la sensación de disgusto provocada por los crímenes atroces cometidos por José Ernesto Medellín y su pandilla. La idea con la que el lector podría quedarse, después de haber leído sus artículos, es que el Gobierno mexicano se gasta el dinero de los impuestos de sus conciudadanos en la defensa de criminales. Una vez más se lo repito, señor Sarmiento, el Gobierno mexicano NO defiende criminales ni pide que sean exonerados. Como usted debería saber, en nuestro país NO se aplica la pena de muerte y eso es lo único que nuestro Gobierno solicitó a su contraparte de Estados Unidos”.
La furia del cónsul es quizá comprensible. El primero de mis artículos describía el salvajismo con el que Medellín y sus cómplices violaron, torturaron y mataron a dos adolescentes, de 14 y 16 años de edad, el 24 de junio de 1993 en Houston. Muchos mexicanos, la mayoría, no conocían los detalles del crimen que conmocionó a Texas y por el que se condenó a muerte a Medellín. El segundo artículo registraba la decisión de la Corte Internacional de Justicia de La Haya de pedir una suspensión de las ejecuciones, señalaba que no había duda de que se violaron los derechos consulares de Medellín y añadía con ironía que, afortunadamente, nadie había violado los derechos consulares de Elizabeth Peña y Jennifer Ertman.
“Incluso –continúa el cónsul—, en una parte de ‘Los derechos de Joe’ usted afirma que ‘¿Podría incluso dejársele en libertad, porque el proceso estaba viciado de origen.’ Por favor, señor Sarmiento, usted bien sabe que ése NO es nuestro objetivo. Una vez más le pido que deje de utilizar la lógica a su antojo con el propósito de dejarnos en una posición difícilmente defendible ante la opinión pública”.
Cualquiera que conozca el sistema de justicia de los Estados Unidos sabe que los abogados utilizarán la violación a los derechos consulares de Medellín como argumento jurídico para buscar la declaratoria de invalidez del proceso. Los abogados, de hecho, serían omisos en su responsabilidad si no lo hicieran.
“Por otra parte, me llama mucho la atención que usted insista en llamar Joe a José. Será porque, en su opinión, el señor Medellín dejó de ser mexicano por haber vivido casi toda su vida en los Estados Unidos. Lo que sucede en la realidad, señor Sarmiento, es que los inmigrantes que se encuentran viviendo en los Estados Unidos de forma indocumentada, como es el caso de José Ernesto Medellín o Joe Medellín como usted lo llama, NO dejan de ser mexicanos aunque mueran en los Estados Unidos”.
La razón por la que me refiero a Medellín como Joe es porque así se llamaba él mismo y porque así lo llamaban sus amigos, como consta en las declaraciones del caso. Su hermano, sentenciado a 40 años por violación, es Vinnie y no Venancio. Peter Cantú, el tercer sentenciado a muerte por el caso, también se llama a sí mismo Peter y no Pedro.
“Por último, usted afirma que un diplomático norteamericano le comentó que el Gobierno mexicano bien pudo haber escogido otro caso para defender su oposición a la pena de muerte. Qué lástima que a usted le interese más lo que piensen los diplomáticos norteamericanos que los que representan a su Gobierno. Si usted le preguntara a un diplomático mexicano quizá él podría ilustrarlo un poco más sobre la política de nuestro Gobierno en relación con los mexicanos condenados a la pena capital”.
Extraño me parecería un patriotismo que me impidiera hablar con diplomáticos extranjeros para hacer mi trabajo y ciertamente no estoy dispuesto a practicar un periodismo que se limite a repetir la línea del Gobierno mexicano en cualquier tema.
El cónsul Rebollar concluye: “Quizá esté de más, pero le comunico que lo expresado es a título personal”. Por supuesto. Quién podría dudarlo.
No me sorprende, de hecho, la molestia del cónsul. Conocer la violencia con la que Medellín y sus cómplices violaron, torturaron y mataron a dos niñas hace que tiemble cualquier intento de defensa. Por eso la Junta de Perdones de Texas decidió por unanimidad no presentar una petición de clemencia al gobernador Rick Perry. El crimen que cometieron Medellín y sus cómplices fue uno de los más salvajes en la historia de Texas.
Presento aquí con gusto la opinión del cónsul Rebollar. Lo único que lamento es que en ninguno de sus dos correos haya mencionado siquiera los nombres de Elizabeth Peña y Jennifer Ertman. Quizá para los diplomáticos mexicanos hay condenados a muerte, pero no víctimas de sus crímenes.
REQUISITO DE PLANTA
La decisión del presidente Calderón de eliminar, aunque sea gradualmente, el requisito de planta para la industria farmacéutica ayudará a bajar de manera muy importante los precios de las medicinas en México. Nada más absurdo que obligar a las empresas a tener plantas en nuestro país para vender sus productos en México. La restricción sólo ha servido para crear monopolios y para hacernos pagar a los mexicanos más por las medicinas que consumimos.
