A pesar de que el Senado de la República y la Cámara de Diputados aprobaron en 2024 reformas que sancionan hasta con 40 años de cárcel la utilización indebida de drones con fines delincuenciales, la misma es letra muerta porque dichas aeronaves siguen siendo ofertadas y compradas en plataformas digitales para luego ser modificadas con armas y bombas.
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