La Red de Estudios de Género del Norte, del Pacífico Mexicano y del Occidente del país, así como investigadoras e investigadores de instituciones educativas de nivel superior, se manifestaron en contra de la espiral de violencia que está experimentando país en un contexto, que dicen es caracterizado por una crisis del Estado de derecho y que ha agudizado la condición de vulnerabilidad de la mujer.
"Manifestamos, en primer lugar, nuestro repudio a los sucesos ocurridos en la Ciudad de Iguala, Guerrero, donde el día 26 de septiembre de 2014 alumnos de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, fueron atacados por las fuerzas del orden público municipal, resultando de ello seis personas asesinadas y 43 personas desaparecidas en la modalidad de 'desaparición forzada'".
Dice que el caso de los estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa es un punto culminante en la escalada de violencia que experimenta México en la última década y en la cual el gobierno federal, estatal y municipal han mantenido una política errada, justificando muchas veces los homicidios bajo un supuesto “ajuste de cuentas” entre grupos criminales, con lo cual tácitamente se renuncia al poder legítimo de la violencia, dejando en manos criminales la “impartición de la justicia”, además de que anticipadamente se criminaliza a quienes han sido asesinados en esta coyuntura, en que se han presenciado un sinnúmero de víctimas de desapariciones forzadas.
"El caso Ayotzinapa puso en evidencia la colusión que existe entre las fuerzas del orden público con los grupos criminales y la omisión de la responsabilidad de las autoridades judiciales. También hizo patente la falta de recursos que tienen las y los ciudadanos para hacer valer sus derechos humanos ante autoridades abusivas, así como la falta de controles horizontales entre las instituciones encargadas de la seguridad y la gobernabilidad del país"
Asimismo señalaron que en este contexto de violencia e impunidad, la estrategia de seguridad militarizada adoptada desde el anterior sexenio ha afectado de manera significativa a las mujeres pues "la violencia sexualy el feminicidio se han incrementado tanto en el ámbito urbano como rural y en el ámbito público y privado. No obstante, esta situación ha pasado inadvertida por las autoridades federales, estatales y municipales, cuya estrategia de seguridad se orienta disminuir los 'delitos de alto impacto' en los cuales están excluidos los delitos que se cometen en contra de las mujeres"
Mencionan que el feminicidio ha sido imputado a la “conducta irresponsable” de las mujeres o es minimizado como “violencia doméstica”.
Ante esto demandaron:
-Un Acuerdo Político Nacional de cara a la ciudadanía que busque dar cauce a las demandas ciudadanas para salir de la crisis en la que actualmente está el país.
-Que se agilice la investigación sobre los hechos violentos de Ayotzinapa y se deslinden responsabilidades atendiendo criterios estrictos de justicia
-Que se informe puntualmente a las madres y padres de los estudiantes desaparecidos sobre el avance de las investigaciones y se les dé un trato respetuoso y acorde a sus necesidades y situación específica
-Que en los informes sobre el comportamiento de la seguridad pública se incluyan también los delitos cometidos en contra de la seguridad de las mujeres.
-Que el Ombudsman de la CNDH, Raúl González dé un informe detallado y fehaciente sobre la situación del acceso de las mujeres a la justicia y a la seguridad en las entidades de México.
-Que el Secretario de Gobierno impulse mecanismos legales que obliguen a las instancias de justicia a hacer un desglose por sexo de la estadística de feminicidio y delitos cometidos en contra de la seguridad de las mujeres.
