El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, prestará testimonio personalmente, y no por escrito, como pedían inicialmente sus abogados, en una investigación en que se le acusa de haber ingerido ilegalmente en la Policía Federal, anunciaron este miércoles fuentes oficiales. (ARCHIVO)
El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, prestará testimonio personalmente, y no por escrito, como pedían inicialmente sus abogados, en una investigación en que se le acusa de haber ingerido ilegalmente en la Policía Federal, anunciaron este miércoles fuentes oficiales.
La decisión de Bolsonaro fue comunicada por la Abogacía General de la Unión poco antes del inicio de una audiencia este miércoles en la que la Corte Suprema decidiría si Bolsonaro, como jefe de Estado, estaría obligado a acudir en persona al interrogatorio o si tendría derecho a responder por escrito.
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La escena se dio en un acto oficial celebrado en la ciudad de Belo Horizonte frente a algunos cientos de personas"El requirente manifiesta ante esta Corte Suprema su interés en comparecer personalmente para prestar testimonio en relación a los hechos objeto de este proceso", aseguró el abogado general de la Unión, Bruno Bianco, ante los magistrados del máximo tribunal.
El defensor del mandatario agregó que, cuando el interrogatorio sea aprobado por la máxima corte, Bolsonaro "pide que le sea dada la facultad y la posibilidad de ser escuchado en lugar, día y hora previamente acordados".
Ante la decisión, la Corte Suprema suspendió el juicio abierto para decidir el asunto mientras el instructor del caso, el magistrado Alexandre de Moraes, analiza la pertinencia de la decisión del gobernante.
Pese a que el Código Penal establece que el presidente tiene derecho a responder por escrito en investigaciones y procesos en que sea citado como testigo, no aclara si lo mismo se aplica en los casos en que es investigado, lo que llevó al Supremo a abrir un juicio para pronunciarse sobre el asunto.
Este juicio había comenzado el año pasado, cuando el primero y hasta ahora único de los magistrados en pronunciarse, el ya jubilado Celso de Mello, alegó que la Constitución no le da al jefe de Estado la prerrogativa de responder por escrito a interrogatorios de autoridades judiciales en que es investigado.
La investigación fue abierta en abril de 2020 luego de que el exministro Sergio Moro acusara al jefe de Estado de ingerir ilegalmente en la Policía Federal, tras lo que la Fiscalía le pidió a la Corte Suprema autorización para interrogar al mandatario.
Moro, famoso como juez responsable por la Lava Jato, la mayor operación de combate a la corrupción en la historia de Brasil, renunció a su cargo de ministro de Justicia de Bolsonaro en abril del año pasado tras denunciar las supuestas presiones e injerencias ilegales del mandatario en la Policía Federal.
La investigación intenta esclarecer si Bolsonaro presionó o trató de interferir política e ilegalmente en la Policía Federal, órgano responsable por investigaciones por corrupción contra dos de los hijos del mandatario: el senador Flavio y el concejal por Río de Janeiro Carlos.
Las sospechas contra el mandatario surgieron a partir de las denuncias de Moro, quien al momento de renunciar declaró que el presidente presionaba por cambiar a la cúpula de la Policía Federal, institución autónoma, aunque dependiente del Ministerio de Justicia.
En su testimonio ante los investigadores responsables del caso, Moro afirmó que esas presiones fueron "explícitas" en una reunión ministerial celebrada el 22 de abril, días antes de su renuncia, y que fue grabada en video.
En el video, que el Supremo decidió hacer público, un Bolsonaro exaltado se queja de la poca información que le facilita la Policía Federal; afirma que intenta sin éxito cambiar la cúpula de la institución y avisa que lo intentará de nuevo, lo que ocurrió poco después.
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Su discurso estuvo salpicado por claras referencias a las elecciones que se celebrarán el 2 de octubre de 2022Si hubiera indicios suficientes contra Bolsonaro, que niega todas las acusaciones, la Fiscalía pudiera presentar una denuncia en su contra ante el Supremo, que solo podría abrir un juicio si así lo aprueba una mayoría de dos tercios de los votos en la Cámara de Diputados (342 de un total de 513).
Solo si esa mayoría fuera alcanzada, Bolsonaro sería suspendido de su cargo durante 180 días, periodo en el cual el Supremo tendría que realizar el juicio, y en caso de ser declarado culpable sería destituido y le sucedería en el poder el vicepresidente, el general Hamilton Mourao.
