La asociación llamó además al presidente a instrumentar políticas públicas para solucionar de raíz el fenómeno del contrabando automotriz. (ESPECIAL)
La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) alertó ayer que podría iniciar acciones jurídicas en contra del decreto presidencial que permite la regularización de los autos “chocolate”.
“Una vez que se publique el instrumento jurídico que fundamenta la regularización emprendida por el Presidente Andrés Manuel López Obrador se evaluará la pertinencia jurídica de emprender acciones de defensa ante el Poder Judicial de la Federación”, señaló en un comunicado. Lo anterior según el diario Reforma.
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Este organismo externó que todos los mexicanos tienen el derecho a ser beneficiados con el programa de regularizaciónEl pasado sábado en Ensenada, Baja California, López Obrador firmó un decreto para legalizar los autos que entraron al País de manera irregular previo pago de dos mil 500 pesos.
La AMDA afirmó que la medida representa la legalización del contrabando automotriz y consideró que el acto fue “protocolario”, pues no se conocieron los lineamientos del instrumento jurídico.
“En Ensenada se concretó la legalización del contrabando automotriz por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador”, aseveró. “El evento fue un acto protocolario en el que estuvieron ausentes los lineamientos del instrumento jurídico que dará cauce a la regularización y en la que se habló de la corrupción del pasado, al momento en que se formalizaba la corrupción del presente”.
La Asociación llamó además al Presidente a instrumentar políticas públicas para solucionar de raíz el fenómeno del contrabando automotriz.
“La regularización del contrabando automotriz será un premio a las mafias criminales y a la burocracia corrupta que lo ejecutan y lo toleran si no se emprenden procedimientos administrativos y penales que hagan caer todo el peso de la ley a quienes se han enriquecido cometiendo delitos”, refirió en su pronunciamiento.
Entre las políticas sugeridas por la AMDA está el aplicar una “tolerancia cero” al flujo de vehículos en contrabando por los puertos fronterizos.
“Es indispensable acabar con la corrupción aduanera, así como equipar tecnológicamente los puntos de revisión vehicular para identificar los vehículos con placas sobrepuestas, alteraciones documentales y daños mecánicos visibles”, detalló.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Chihuahua rechazó la legalización de vehículos “chocolate” y exigió que se castigue el contrabando de autos.
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Sostuvo en que confía en que el anuncio realizado en Baja California por López Obrador, servirá para que se extienda el programa a todo México“El contrabando de autos debe ser castigado y no premiado con la legalización de vehículos”, indicó Francisco Santini, presidente de la organización.
Señaló que el contrabando golpea a la economía nacional, a las empresas automotrices y al empleo que depende de esta industria establecida en Chihuahua.
