Los magistrados rechazaron que Delgado hubiese utilizado recursos públicos durante su campaña.
La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dio vista a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y al Instituto Nacional Electoral (INE) para que investiguen el probable uso de recursos privados por parte de Mario Delgado durante su campaña a la dirigencia nacional de Morena, la cual ganó.
Así lo determinó en sesión pública, en la cual también avaló la acusación de que Delgado Carrillo participó en el proceso interno de Morena ejerciendo todavía su cargo de diputado federal.
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Realizó depósitos de 50 dólares durante seis meses en el 2016 para pertenecer a la Sociedad de ProtectoresSin embargo, los magistrados rechazaron que Delgado Carrillo hubiese utilizado recursos públicos durante su campaña, así como promoción personalizada.
El magistrado Luis Espíndola, quien presentó el proyecto en discusión, que se generó a partir de distintas denuncias presentadas en contra del hoy dirigente nacional de Morena.
Sólo el magistrado Rubén Lara fue quien se opuso a informar a las autoridades de la UIF, ya que consideró que la Unidad de Fiscalización del INE puede determinar lo procedente sobre la posible utilización de recursos privados.
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De acuerdo con Animal Político, Delgado realizó depósitos de 50 dólares durante seis meses en el 2016 para pertenecer a la Sociedad de Protectores"En el proyecto se sostiene que a Mario Delgado no le era exigible separarse de su cargo para contender en el proceso de renovación partidista, podría realizar actos de proselitismo en dicho proceso y su cargo de diputado federal en relación con su calidad de militante de Morena le permitía ejercer su derecho a participar en dicha contienda interna", señala el proyecto del magistrado Luis Espíndola.
Los magistrados consideraron que por lo que hace a la propaganda emitida por personas diversas al denunciado, Mario Delgado se deslindó válidamente de su emisión, aunado a que las características particulares de la misma impiden tener por actualizada la infracción.
Igualmente, estimaron los magistrados que no se acreditó que la Presidencia de la República hubiera autorizado el uso de la imagen del presidente o hubiera ejercido recursos para la emisión de la propaganda correspondiente, y en la contratación de propaganda únicamente se advirtió el empleo de recursos privados.
