Las observaciones realizadas al Gobierno del Estado de Durango tras la auditoría son de casi tres mil millones de pesos. (EL SIGLO DE TORREÓN)
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que no se pagaron ni siquiera los intereses que generó el atraso en el pago de las participaciones federales a los municipios durante el año 2020.
En el documento con folio 2020-A-10000-19-0748-2021, la ASF emitió un informe de las observaciones realizadas al Gobierno del Estado de Durango tras la auditoría de casi tres mil millones de pesos del proceso de distribución y el pago de las participaciones federales a los municipios del estado.
El dictamen del documento estableció que la Secretaría de Finanzas y Administración de Durango pagó una parte de los recursos con retraso a los municipios, generando rendimientos por siete millones 679 mil pesos, sin que se acreditara el pago respectivo.
El probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública se compone de 53 mil 700 pesos de rendimientos del Fondo General de Participaciones que no se pagó a tiempo a un municipio; otros 185 mil 900 pesos se generaron por recursos del Fondo de Fomento Municipal que no se pagaron a tiempo a 20 mucipios; 22 mil 100 pesos por participaciones en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios que no fueron entregados en tiempo a 20 municipios; cuatro millones 145 mil 700 pesos se derivaron del Fondo del ISR a 34 Ayuntamientos.
Mientras que las retenciones a los 39 municipios produjeron rendimientos de 88 mil 900 pesos, del Fondo de Fiscalización y Recaudación; un millón 729 mil pesos fueron de participaciones IEPS por concepto de gasolina y diésel; cinco mil 500 pesos se generaron del Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos; y un millón 448 mil pesos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas.
La ASF advirtió que el retraso en el pago de las participaciones representó un incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley para la Administración y Vigilancia del Sistema de Participaciones y la Colaboración Administrativa, lo que es investigado por la Contraloría estatal.
