(FERNANDO COMPEÁN)
Las organizaciones de la sociedad civil, defensores de derechos humanos y ambientales condenaron la detención de dos de los integrantes del Centro de Investigación en Agua y Derechos Humanos por parte de elementos de Seguridad Pública del municipio de Francisco I. Madero.
"Condenamos enérgicamente las acciones perpetradas el 27 de julio por parte de agentes de la Policía Municipal de Francisco I. Madero en contra de Miguel Ángel Hernández, director del Centro", reza un documento firmado por siete organismos de la sociedad civil como Encuentro Ciudadano Lagunero, Alzando Voces, Laguneros por la Paz, entre otros.
MÁS INFORMACIÓN Abogados presentan queja ante CDHEC contra Policía de Madero
Dichos organismos exigen la renuncia del titular de Seguridad Pública Municipal de Francisco I. Madero, "y el cese inmediato de los agentes que participaron en la detención del activista social y le solicitamos al presidente municipal (Jonathan Ávalos) de dicho ayuntamiento aclare públicamente estos actos lamentables".
Exigieron también que se brinde la protección necesaria a los defensores del derecho humano al agua para que no se repitan, ya que el reclamo que los ciudadanos realizan aseguran que es de forma pacífica por el cumplimiento de ese derecho es justo, legal y legítimo.
"La crisis de agua que nos afecta y, ante la cual las autoridades de los tres niveles de gobierno no ofrecen soluciones suficientes, nos obliga a realizar las acciones colectivas necesarias para que se atienda el grave problema de desabasto y afectación a la salud que padecemos los laguneros. Es inaceptable que se pretenda silenciar a Defensores de Derechos Ambientales, por ello seguimos insistiendo en el diseño de mecanismos de protección a defensores de Derechos Humanos y Ambientales desde lo municipal", reza el documento.
Consideraron que la solución a este tipo de controversia debe encauzarse por la vía del dialogo entre gobierno y ciudadanos.
"Exigimos acciones eficientes y eficaces que prevengan e inhiban los actos de autoridad y de particulares en contra de activistas sociales en cumplimiento estricto al Acuerdo Regional sobre Acceso a la información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de ESCAZÚ)", detallaron.
