Foto: Freepik
Justo después de avisarle a Sonia que tendrían que hacerle una cesárea, la hicieron firmar, mediante engaños, un documento que otorgaba al personal de salud el permiso de realizarle una Obstrucción Tubaria Bilateral (OTB), un método anticonceptivo permanente e irreversible, que coartaría el deseo —tanto de ella como de su esposo— de tener un segundo hijo.
Cuando la ginecóloga se le acercó para preguntarle si había tomado una decisión sobre algún método anticonceptivo, Sonia llevaba dos días en labor de parto en el Hospital General de Zona 9 en Ciudad Guzmán, Jalisco —perteneciente al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)—, con la presión alta y una creciente preocupación por su hijo. La parturienta le dijo que ella y su pareja buscarían otro embarazo, ante lo cual la doctora simplemente respondió que era una irresponsable y procedió a buscar al marido de Sonia para decirle que únicamente faltaba la firma de él para autorizar la OTB que su mujer había pedido. Él firmó el documento sin saber que se trataba de un método permanente, y la profesional de la salud regresó con Sonia para avisarle que el hombre ya había dado consentimiento y sólo faltaba el de ella. Ante las dudas de la paciente, la doctora condicionó la atención médica a cambio de la autorización.
Este caso se describe en la página oficial del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), una organización que, durante 30 años, ha trabajado para que “las personas con capacidad de gestar puedan ejercer plenamente sus derechos reproductivos”. Esta institución no gubernamental brindó acompañamiento y apoyo a Sonia, quien finalmente, tras cuatro años de haber vivido aquella terrible experiencia, ganó un amparo por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que determinó que la mujer había sido víctima de tortura en el hospital al habérsele aplicado la esterilización no consentida.
Como esta historia ocurren muchas a lo largo y ancho del territorio mexicano, aunque la gran mayoría no alcanzan a ver justicia.
DERECHOS REPRODUCTIVOS
La esterilización forzada consiste en la imposición de un método anticonceptivo definitivo sin el consentimiento libre del individuo. Una firma, como en el caso de Sonia, no siempre expresa la voluntad de quien recibe la esterilización, porque en muchas ocasiones esta se obtiene a través de engaños, amenazas o coerciones; además, la presión para autorizar el procedimiento suele hacerse en momentos en que la persona está sumamente vulnerable, como al estar a punto de dar a luz o justo después de haberlo hecho.
Esta no sólo es una mala práctica médica, sino una violación de los derechos reproductivos que tiene cada individuo “a decidir libre y responsablemente el número de hijas e hijos, el espaciamiento de los nacimientos y el intervalo entre éstos, a disponer de la información y de los medios para ello, y el derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva”, según apunta el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). “También incluye su derecho a adoptar decisiones relativas a la reproducción sin sufrir discriminación, coacciones ni violencia, de conformidad con lo establecido en los documentos de derechos humanos”, añade.
Las mujeres suelen verse más afectadas que los hombres por la esterilización forzada, así como indígenas y personas con discapacidad.
ANTECEDENTE
En 1977 se puso en marcha en México el Plan Nacional de Planificación Familiar. En esa década, el país pasaba por la explosión demográfica de mayor nivel en su historia, por lo que el objetivo de dicho programa gubernamental era reducir la fecundidad de la población con el fin de aminorar la pobreza e impulsar el desarrollo, así como disminuir la incidencia de abortos.
Esto se lograría brindando educación sexual y reproductiva desde la juventud, y otorgando un mayor acceso a opciones anticonceptivas gratuitas.
Sin embargo, este bienintencionado programa se convertiría en una política de reducción del crecimiento poblacional por encima de la autonomía reproductiva, según apunta el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Las instituciones de salud encargadas de dicha tarea se sirvieron de engaños para aplicar métodos anticonceptivos, con más frecuencia a mujeres que a hombres.
El documento del CIDE, titulado La “otra” decisión robada: esterilizaciones forzadas en mujeres indígenas y mujeres con discapacidad en México, señala que si bien en la década de los noventa se trabajó en revertir este enfoque coercitivo hacia la salud reproductiva, los casos se siguen dando hasta la actualidad, aunque no hay un registro adecuado de esta práctica. Esto puede deberse a que los hospitales se escudan en las autorizaciones firmadas que, como ya se mencionó, no siempre demuestran un verdadero consentimiento. Además, muchas mujeres no saben que están siendo violentadas; piensan que se trata de protocolos usuales a los que deben someterse.
EN EL SIGLO XXI
Los datos son escasos, pero existen. Por ejemplo, en 2010, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) documentó que a mujeres de comunidades rurales se las amenazaba con perder apoyos gubernamentales si no accedían a ser esterilizadas. A partir del año 2013, la misma institución ha registrado 17 casos de anticoncepción forzada en hospitales públicos, 15 de los cuales han ocurrido en unidades del IMSS.
La periodista Gloria Piña recabó otras 39 denuncias de esterilización no consentida en fiscalías y comisiones de derechos humanos locales. Entre sus testimonios, las víctimas llegaron a mencionar que el personal médico que las atendió les dijo abiertamente que se les había aplicado el anticonceptivo contra su voluntad por ser “pobres y rebeldes”.
Otro ejemplo de la incidencia de este tipo de violencia son los resultados de la campaña #anticoncepciónforzada de GIRE, realizada en 2017, donde en tan solo dos semanas se acumuló una decena de mujeres reportando hostigamiento por parte de sus médicos para implantarse un dispositivo intrauterino (DIU).
Es evidente que la planificación familiar es vital para prevenir embarazos no deseados —e incluso la mortalidad materna— y permitir así un mejor desarrollo de las mujeres. Sin embargo, esta planificación debe promoverse a través de la educación, no de la coerción.
Según la NOM 118-005-SSA2-1993, el personal de la salud, cuando se trata de las decisiones reproductivas, debe informar a las y los pacientes sobre las diferentes formas de anticoncepción disponibles –su funcionamiento, posibles efectos secundarios, etcétera–, ofreciendo un trato digno, con calidad y calidez, y en un ambiente en que la persona pueda decidir de manera libre, sin ningún tipo de interferencia, el plan reproductivo que mejor se ajuste a sus deseos.
Por ahora, esta norma se sigue violando en el caso de muchas mujeres, pero la difusión del tema puede ayudar a que deje de ser un decreto en papel y pase a ser una realidad tangible en todo México.
