Controlar al judicial
Las campañas para la elección al poder judicial del próximo 1 de junio no han empezado todavía, pero las principales candidatas a los cargos de ministras de la Suprema Corte, las morenistas Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres, ya han estado en campaña desde hace meses.
El proceso ha sido caótico desde un principio. La razón principal es que el expresidente López Obrador, quien ordenó la reforma sin tener más idea de lo que buscaba que castigar a jueces, magistrados y ministros por haber dictado suspensiones y amparos ante sus decretos y leyes, quiso copiar el sistema inventado por su colega boliviano Evo Morales. Por eso ordenó que se llevaran a cabo elecciones populares para escoger a los juzgadores. Solo que en Bolivia se elige a 29 magistrados de altos tribunales, mientras que en México López Obrador decidió que el proceso se aplique a los mil 580 jueces y magistrados federales, a nuevos magistrados, como los del Tribunal de Disciplina del Poder Judicial, y a los 11 ministros de la Suprema Corte, los principales objetivos de la venganza de AMLO. A estos habría que añadir más de cinco mil 700 jueces estatales de aquí a 2027. Ningún país del mundo ha tenido elecciones judiciales de esta magnitud.
La elección no está diseñada para permitir a los ciudadanos escoger libremente a los nuevos jueces. Tampoco para elegir a los mejores. La selección de los candidatos ha sido controlada por Morena, el partido del gobierno. La depuración final se realizó con una tómbola, lo cual manda el mensaje de que no se busca a los mejores. Casi todos los candidatos son desconocidos, por lo que el día de la elección, en un ambiente de poca participación, Morena podrá alcanzar el triunfo movilizando a unos pocos militantes para elegir a quienes quiera la cúpula del poder. El propósito fundamental es que la enorme mayoría de los jueces sean favorables al gobierno.
López Obrador no quiso, sin embargo, quedarse nada más con la certeza que le da la capacidad de movilización de su partido. Inició también una modificación a la Ley de Amparo. Si bien el juicio de amparo ha sido presentado siempre como un orgullo del derecho mexicano por su defensa de los derechos humanos, el expresidente ordenó que se anularan sus efectos generales. Confiaba en que casi nadie sabría lo que esto significa, pero quiere decir que solo aquellos que puedan pagar a un abogado para ganar un juicio de amparo estarán protegidos contra las leyes inconstitucionales. Es una reforma hecha para perjudicar primero a los pobres.
Aun así, López Obrador introdujo otra medida para debilitar la independencia de los jueces. Está creando un Tribunal de Disciplina Judicial que tendrá facultades que solo se han registrado en las peores dictaduras. Este tribunal podrá intervenir en las deliberaciones y decisiones de jueces y magistrados, lo que elimina la independencia judicial, pero además podrá sancionar a los juzgadores que tomen decisiones que no le gusten. Lo peor es que los jueces o magistrados no tendrán que recurrir a una apelación o a un amparo, lo cual viola uno de los principios fundamentales del derecho. Solamente los jueces de Hitler o de Stalin tuvieron tanto poder. Como este tribunal podrá sancionar con cárcel a los jueces que desobedezcan sus instrucciones, ninguno se atreverá a oponerse a las instrucciones que reciba.
El tema fundamental de la reforma judicial no es la elección popular de los nuevos juzgadores. Lo realmente relevante es que el nuevo sistema será absolutamente obediente a las indicaciones que reciba del ejecutivo.
