El mito de la falsa expropiación petrolera

Una de las fábulas con que el sistema político mexicano ha adoctrinado a generaciones de ciudadanos hasta la fecha, es la de la supuesta expropiación petrolera como un acto de nacionalización de esta industria mediante el decreto del 18 de marzo de 1938 por el presidente Lázaro Cárdenas.

Según reza el catecismo de la SEP, el acontecimiento consistió en la expropiación legal de maquinaria, instalaciones, edificios, refinerías, estaciones de distribución, embarcaciones, oleoductos y todos los bienes muebles e inmuebles de la compañía petrolera El Águila (Royal Dutch Shell), la Compañía Naviera San Cristóbal, la Compañía Naviera San Ricardo, la Huasteca Petroleum Company (subsidiaria de la Standard Oil Company de Nueva Jersey), la Sinclair Pierce Oil Company, la Mexican Sinclair Petroleum Corporation, la Stanford y Compañía, la Compañía de Gas y Combustible Imperio, la Consolidated Oil Company of México, la Compañía Mexicana de Vapores San Antonio, la Sabalo Transportation Company, Clarita S.A. y Cacalilao Sociedad Anónima, así como sus filiales o subsidiarias, con la promesa de indemnizar a todos en 10 años.

El discurso oficial sostiene que, de manera sorpresiva, Cárdenas convocó a un mitin multitudinario en el Zócalo donde decretó la expropiación a las petroleras extranjeras, apelando al pueblo para que este aportara donaciones con este fin, lo cual se hizo con enormes cantidades de joyas, oro, plata, bienes inmuebles y hasta gallinas, cuando la realidad es que sólo se despojó a las compañías británicas y holandesas—que eran competencia de las norteamericanas—, a las que no se pagó, en tanto a las norteamericanas se les había pagado íntegramente con un cheque que se encuentra en la Biblioteca del Congreso Norteamericano, por lo que el cuento de las aportaciones “para que el petróleo fuera de los mexicanos” fue una estafa.

Por otra parte, en lo que respecta al pueblo bajo la euforia del discurso oficial, este pasó por alto el que Cárdenas aprovechó públicamente su discurso para devaluar el peso mexicano, como señala Leslie Byrd Simpson en su obra clásica Many Mexicos (Muchos Méxicos). Cabe subrayar que el petróleo ya pertenecía a la nación desde la promulgación de la Constitución de 1917, según el Artículo 27 de la misma, por lo que realizar otra “nacionalización” o “expropiación” como la que se vende que se hizo en 1938 no es más que retórica populista.

La espontaneidad del régimen cardenista queda también desmentida por el testimonio de José Vasconcelos, quien en su autobiografía confiesa haber visto el borrador que el gobierno mexicano envió a Nueva York un mes antes para que el embajador estadounidense Josephus Daniels lo pudiera aprobar.

La realidad es que tras el ascenso del nazismo en Alemania y previendo la posibilidad de una guerra que ya se avecinaba, la Casa Blanca vio la necesidad de contar en exclusiva con el petróleo mexicano como un activo extra (sin escatimar tampoco en engrosar sus arcas). Sabemos que el negocio del petróleo no está en su extracción, sino en su refinación, por lo que el gobierno cardenista se comprometió no sólo a refinar exclusivamente el hidrocarburo con la nación de las barras y las estrellas, sino que también prohibiría cualquier explotación mexicana en la frontera norte —como en la Cuenca de Burgos—, permitiéndole a ellos la extracción subterránea en la franja del río Bravo hasta California.

Desafortunadamente, la farsa de la “expropiación petrolera” sí tuvo consecuencias negativas. Según Howard Cline, la producción petrolera mexicana alcanzó un máximo de 193 millones de barriles en 1921, cuando el gobierno empezó a presionar a las petroleras privadas y a aumentarles impuestos. Sin embargo, para 1937 se produjeron 49.9 millones, bajando en 1938 a 38.5 millones y a 35.1 millones en 1942. Desde entonces y hasta el día de hoy, México se convirtió en importador neto de crudo y gas —a excepción de 1955—, heredando el lastre de un monopolio burocrático e ineficiente del que sólo se han beneficiado las mafias sindicales y el gobierno en turno.

Pese al corte estatista de la Constitución de 1917 —que sigue siendo la vigente— o la retórica del viejo/nuevo régimen, en realidad nunca hubo tal expropiación en 1938. Y lo que es peor: nuestro petróleo parece pertenecerle a todo el mundo hasta la fecha, menos a los mexicanos.