En el último foro informativo sobre Agua Saludable, el senador con licencia aseguró que no se afectarán los derechos de riego del sector social. (EL SIGLO DE TORREÓN)
El senador con licencia, Gabriel García Hernández, aseguró que el agua que utilizan los ejidatarios del sector social para regar sus cultivos no será afectada por el proyecto federal de Agua Saludable para La Laguna (ASL).
"El agua que utilizan los ejidatarios del sector social no será afectada, se ha dado esta idea, de que se va a pedir un porcentaje, esto es falso, se va a contar con la donación de volumen del sector privado y, antes, se va a evitar el huachicoleo, el desvío y comercialización del agua", aseguró el encargado del proyecto en el último foro informativo del presente año.
Consideró que si deja de existir la venta ilegal de agua, entonces habrá agua suficiente, no sólo para Agua Saludable sino también para evitar que el sector social sea afectado.
El funcionario hizo esta aclaración en el marco de los anuncios en los que dio a conocer que sí se cambiará el punto de extracción de la derivadora y ya se cuenta con la autorización para arrancar los procesos de licitación de las obras en el mes de enero. Iniciando el 2022 se hará la licitación de la planta potabilizadora, líneas de gravedad y tanques de almacenamiento, aunque el presupuesto se dará a conocer el lunes 10 de enero, cuando se reanuden los foros informativos.
MODIFICACIONES
De inicio, el proyecto sí contemplaba que un volumen de agua fuera cedido por parte de los productores privados y el sector social aportaría una parte que fuera el equivalente al ahorro que se generara con la inversión que obtendrán en la modernización de los sistemas de riego.
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Obra se proyecta tras este periodo para evitar afectaciones, dijo encargado de ASLEntre los ejidatarios había incertidumbre por la disposición de un volumen de la presa Lázaro Cárdenas, por el poco avance en la adquisición de derechos y que no había diálogo con el sector ejidal al respecto, cuando el proyecto era liderado por directivos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
No obstante, a raíz de las reuniones que los campesinos han sostenido con el senador con licencia como encargado del proyecto, se han hecho algunos ajustes. Agua Saludable requiere de 200 millones de metros cúbicos (Mm3) al año para operar.
Por otra parte, hay cerca de 150 juicios de grupos ejidales ante los Tribunales Agrarios para recuperar derechos de agua superficial en la Comarca Lagunera. La problemática del agua en la región está judicializada, al no cumplirse con las directrices internacionales, los preceptos constitucionales y legales sobre el Derecho Humano al Agua, lo que ha propiciado esta respuesta ciudadana.
Los ejidatarios han denunciado que, aunque la Ley Agraria habla de enajenaciones, hay ciertas condicionantes que la Conagua no tomó en cuenta, como el que el dueño colectivo de los derechos es el ejido, pues así lo marcan las jurisprudencias que se han emitido, pero hay enajenaciones ilegales de quienes no eran ejidatarios ni avecindados, lo que es irregular. Esto ha derivado en que existan afectados hídricos, que son miles de campesinos que perdieron en este acaparamiento sus derechos de agua.
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El Frente Campesino por la Defensa del Agua y la Tierra ha cuestionado los derechos de agua superficial que tiene la Conagua para el proyecto federal de Agua Saludable para La Laguna, pues algunos pueden estar algunos sujetos a litigio.
También ha denunciado que la Conagua carece de capacidades institucionales para regular las extracciones de agua del subsuelo y al amparo de la Ley de Aguas Nacionales ha facilitado, por omisión o complicidad, la concentración de concesiones y volúmenes de aguas subterráneas en una reducida élite de grandes usuarios que destinan la mayor parte de los volúmenes disponibles a la producción de cultivos de alta demanda de agua (alfalfa y nogal), desprotegiendo el suministro a la población.
